El 30 de abril de 2023 serán las elecciones generales del Paraguay que determinarán a los nuevos gobernantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y también de las diecisiete gobernaciones. En estos meses finales de proselitismo, la cultura ha estado ausente entre las propuestas electorales.
A pocas semanas de las elecciones generales, los candidatos han cambiado el discurso: pasaron de hablar de identidad y pertenencia a exponer propuestas en los ámbitos de economía, salud, educación y seguridad. Más que desarrollar argumentos, formulan eslóganes de ideas-fuerza resumidas en dos temas: el consumo del ciudadano («Vamos a estar mejor») y la corrupción impune de las instituciones («Patria o mafia»). La cultura como tema se encuentra ausente. Si hay un acuerdo general sobre su importancia, ¿por qué no se habla de ella?
Entre política y política pública existe una relación muchas veces conflictiva, según un documento de la Cepal.[1] La primera es el conjunto de relaciones de poder cuyos efectos impactan en la sociedad, otorgándole normas positivas, valores y visión de futuro. La segunda es la formulación e implementación de soluciones a problemas puntuales, en el marco de esas normas, valores y visión. El vínculo entre política y política pública es armónico cuando quienes detentan el poder son capaces de impulsar acciones coherentes con su ideario y propuesta. El conflicto emerge cuando son incapaces de implementar lo que desean, aplican medidas que hubiesen querido no aplicar o sus acciones contradicen la promesa del bien común.
En la historia política del Paraguay hay armonía entre las relaciones de poder y los actos que, sustentados en recursos públicos, benefician solo a un pequeño grupo de familias, amigos o socios comerciales. Esta forma se llama clientelismo; en nuestro país, es más antigua que la democracia. Una de sus características principales es la exclusividad: no todos pueden ser clientes. Los poderes fácticos[2] (los ganaderos, los sojeros, los banqueros, los narcotraficantes, el lumpen-empresariado) destruyen la naturaleza, sobrefacturan obras mal terminadas, lavan dinero y explotan a la mayoría de los trabajadores. Las políticas públicas, sostenidas por una matriz tributaria desigual, están hechas para ellos. Un ejemplo es el nuevo puente que une Asunción con Nueva Asunción (Chaco’i), la región Oriental con la Occidental, las rutas de la soja y la carne, de los centros financieros con la futura «Miami del Paraguay».
En consecuencia, queda poco o nulo presupuesto para la implementación de acciones que beneficien a la mayoría de la población. La inversión en educación, por ejemplo, está entre las más bajas de la región.[3] Los servicios públicos son inexistentes, deficientes o muy caros para los trabajadores precarizados e informales, para quienes lo básico siempre tiene un precio elevado. Aunque muchos políticos afirmen con orgullo estar a favor de la vida y la familia, la salud humana en sus dimensiones bio-psico-sociales no ha sido objeto de cuidado ni prioridad. ¿Cómo puede pretender una vida plena en sociedad una persona que trabaja más de ocho horas diarias, pierde dos a tres en el tránsito, paga la escuela de sus hijos y, ante algún accidente o enfermedad, recurre a la solidaridad, el trabajo extra y las deudas?
Esta situación, aunque se sufra, no es completamente comprendida, asimilada ni contestada. Sin conciencia y herramientas conceptuales no puede haber organización ni cambio social. Para saber qué hacer, adónde ir o cómo formular demandas, es necesario el lenguaje, la inteligencia, la educación y el conocimiento: la cultura.
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Una sociedad analfabeta e ignorante es sometida. La educación en el Paraguay ha sido sectorizada, precarizada y disminuida. Los políticos intelectuales de inicios del siglo XX, aunque no tuvieron la intención de ilustrar a todos los paraguayos, fueron conscientes de que el progreso del país requería conocimiento. Pero las luchas internas, las guerras y las dictaduras impidieron la creación y el avance de los saberes. Mientras el pueblo se encargaba de trabajar y construir el país, la oligarquía les despojó de la palabra, estableció sus valores como universales y persiguió a quienes se rebelaron ante esa imposición. Así se produjo el vacío del que habló Gabriel Casaccia a su hermano César:[4] : «Duele confesarlo. Nuestro país necesita que alguien se suba a lo alto del Oratorio y se tire de allí gritando: “No estamos equivocados, estamos vacíos”.»
Los problemas estructurales aún no encontraron respuesta en la transición democrática. El Paraguay presenta 6,7 % de analfabetismo total, 80 % de analfabetismo funcional en estudiantes, cuatro de cada diez niños acaban el ciclo escolar completo, tres de cada diez ingresan a la universidad. En las pruebas PISA, el 70 % de estudiantes no sabe leer y otro 8 % alcanza el mínimo rendimiento en operaciones matemáticas elementales. En promedio, un paraguayo lee menos de un libro al año. Las comunidades carecen de espacios públicos y propuestas culturales accesibles y permanentes. El de por sí escaso patrimonio tangible e intangible está descuidado o tiene un costo que muchos no pueden pagar.
La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) es la institución encargada del impulso de las políticas sobre el patrimonio y la diversidad cultural, con respeto de las identidades y los derechos humanos. Conceptos que forman parte del acuerdo o el contrato social en las democracias contemporáneas: toda política debe apuntar al desarrollo de esa conciencia de ser, de valores e ideas que se transmiten por generaciones, donde la vida tiene dimensiones múltiples, bio-psico-sociales, situada en un contexto (país, región, planeta). A esto se refiere el desarrollo sostenible: el conocimiento del impacto de nuestras acciones en un ambiente.
Tanta importancia teórica es contradicha con el presupuesto asignado a la SNC, periódicamente recortado, uno de los que parece estar solo en forma simbólica. En vez de acciones que promuevan el enriquecimiento cultural, la protección de lugares históricos, la construcción de espacios accesibles de aprendizaje, la difusión y la promoción de la lectura, la escritura y las artes, el secretario-ministro y las autoridades producen gestos que se inmortalizan en fotografías, pero no en obras.
Esa forma de ejercer la política pública es todavía más grave si se tiene en cuenta la diversidad cultural amenazada: diecinueve pueblos indígenas en el país sobreviven en las peores condiciones, cinco de ellos en peligro de extinción. Ignorados por el Estado, algunos llevan largos conflictos sobre sus tierras ancestrales, incluso con sentencia firme a su favor. La expulsión y el ninguneo a los que son sometidos han llevado a estos pueblos a perder mucho de su herencia. En algunos casos, sobreviven pocos hablantes de lenguas originarias que, sin acciones concretas y decisivas de las autoridades, quedarán en el olvido.
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¿Cómo es posible que esta situación no sea expuesta como una propuesta de campaña? ¿Ni siquiera por los candidatos referenciados/identificados como progresistas o con algún vínculo en el mundo cultural? Un ejemplo podría ser Mabel Causarano, ex ministra-secretaria de la SNC. En un video de presentación en su perfil de Twitter, afirma que su candidatura es una oportunidad de: «…poner en práctica y poner al servicio del país la experiencia que he recogido en distintos campos y particularmente en el campo del control, habiendo sido directora general de la Contraloría General de la República…». Antes que la cultura, la preocupación es la corrupción. ¿Cuántos son los candidatos que la invocan como el mal a vencer si son elegidos? Probablemente todos. ¿Qué ocurre cuando una candidata con el perfil de la ex secretaria-ministra decide enfatizar un tema y dejar de lado otro que muy pocos conocen aunque sea teóricamente? ¿Dónde están quienes callan ante el estado de la SNC, el abandono del espacio público, la desinversión que afecta al patrimonio, así como a las oportunidades que, desde lo público, se puede dar a creadores, facilitadores y gestores culturales?
Santiago Peña, candidato de la ANR, critica sostenidamente al gobierno de su propio partido. Acusa al gabinete de Mario Abdo de ser incapaz de solucionar los problemas de los paraguayos, en especial la recesión económica que, si bien se ha sentido desde hace años, fue reconocida oficialmente en 2019. La pandemia de la Covid-19 agravó esa situación. Según Peña, su experiencia como ministro de Hacienda lo vuelve capaz de administrar de manera eficiente la economía del país. Sin embargo, él fue forzado a salir de ese terreno en el que parecía sentirse cómodo para terminar hablando de temas sobre los que sabe poco o nada: salud, educación, seguridad. La reacción ante sus contradicciones ha sido tan negativa que debió rehuir del debate con Efraín Alegre y otros candidatos. En los últimos meses solo ha repetido eslóganes entre sonrisas. No ha planteado ninguna política cultural.
Efraín Alegre intenta por tercera vez ser presidente de la República. Desde 2013 mantiene una disputa contra Horacio Cartes, máximo referente de la ANR, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, señalado como corrupto significativo por los Estados Unidos. Esta designación, además de los indicios y las investigaciones que vinculan a Cartes con el crimen organizado, fundan el principal eslogan de la campaña de Alegre: patria o mafia. Con ese discurso ha convencido a diversos partidos y movimientos de oposición para que formasen y presentasen las candidaturas en el marco de la Concertación Nacional, que ha sido concreta en el planteamiento de políticas públicas: subsidio para niños en edad escolar administrado por las madres, reducción de la tarifa de energía eléctrica, programa de acceso gratuito a medicamentos, etc. También enfatiza sus obras como ministro: la Costanera, el Parque Guasú… En una conferencia reciente, Alegre y Soledad Núñez (candidata a vicepresidenta) anunciaron algunos nombres de futuros ministros, en caso de ganar las elecciones. Para la SNC, propusieron a Ana Brun, actriz de Las herederas. Más allá de eso, nada.
Quien sí prestó atención a los trabajadores culturales fue Esperanza Martínez, candidata a senadora por la alianza Frente Guasu – Ñemongeta. Cuando aún era precandidata a la presidencia de la República, se reunió varias veces con referentes de las artes: los conoció, escuchó sus demandas, la mayoría de reconocimiento de derechos como trabajadores (atención médica, seguridad social, jubilación, etc…), tomó notas y prometió trabajar para hacerlas realidad. El sector cultural correspondió su atención con una carta-manifiesto de apoyo a su proyecto: «Esperanza nos escuchó. Nos valora y representa.»
Los demás candidatos a distintos cargos han tomado dos caminos: la búsqueda de distinción ⸺con retórica grandilocuente y/o punitiva⸺ o mimetizarse con los referentes de sus partidos: desde la exposición de propuestas hasta el silencio. En ninguno de estos casos, las políticas culturales han sido un punto de debate o reflexión.
Encuentro de la senadora Esperanza Martínez con los trabajadores de la cultura y las artes, el 17 de marzo de 2022.
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La cultura no es accesoria en la vida del ser humano. Incluso en la Ley Nacional de Cultura se reconoce a la misma como un derecho humano.[5] Todo conocimiento heredado, compartido, desarrollado y transmitido implica a su vez una serie de ideas, valores y reglas que dan sentido a la existencia de las sociedades. Es el concepto de «polis»: ciudad/comunidad como espacio de construcción de vínculos y saberes. Esta es una de las ideas principales en la serie The Wire, según su propio creador, David Simon:[6] la ciudad como el espacio para hacer posible el logro humano. El arte es la experiencia, el acto con el que nos vinculamos con otros. He allí la importancia de la cultura.
¿Por qué, entonces, no hay dignos presupuestos destinados a bibliotecas, plazas, edificios históricos y parques, festivales, conferencias, foros, exposiciones al aire libre, etc.? Una mejor educación y una amplia cultura otorgan poder a la ciudadanía, voz y argumentos con los que enfrentar la fuerza bruta del poder oligárquico. Un ejemplo claro es el final de El ciudadano Kane, cuando el público rechaza a la protegida del magnate de los medios masivos de información por carecer de preparación y talento. Entre otras cosas, un ciudadano debe poder distinguir el arte del entretenimiento, lo sincero de lo falso.
Como punto de partida, es bueno ver los ejemplos de otras sociedades. El plan de alfabetización de Cuba (en cuyo contexto se desarrolla la novela El comandante veneno de Manuel Pereira) ha sido una política pública que transformó estructuralmente al país. De una pequeña isla en el Caribe, incluso bloqueada, han salido médicos, ingenieros, escritores, músicos y diversos profesionales y artistas reconocidos mundialmente. Algo similar se podría decir de la Argentina: no solo Buenos Aires cuenta con políticas editoriales y culturales activas, ya que de todo el país han surgido artistas que supieron ser referentes de su generación y las siguientes. El Plan Nacional de Lecturas argentino sienta en una mesa a editores grandes, medianos y pequeños, escritores, maestros, gestores culturales y facilitadores de lectura para acordar cómo hacer realidad la difusión del libro y la lectura.
A través de la lente del conocimiento teórico corresponde analizar la realidad propia. ¿Qué leyes se aplican donde se establecen acciones y responsabilidades para la creación, la difusión y la conservación de bienes y servicios culturales? ¿Hay normas que protegen a los gremios de artesanos, pintores, actores, músicos, escritores o fotógrafos? ¿Cuentan los artistas con suficientes competencias para desarrollar un trabajo que narre al Paraguay y pueda ser presentado a la región y el mundo? ¿Con qué presupuesto cuentan las instituciones encargadas? Una norma efectiva sobre la realidad concreta debe tener en cuenta estos y otros puntos; si no, acaba por ser una declaración de buena voluntad, bonita para recitar pero inútil en su incidencia práctica. La ley de cine[7] (llamada ley de promoción del audiovisual) y la ley del libro[8] son dos ejemplos de textos que establecen prerrogativas beneficiosas para el sector sin una contraparte de beneficio para la sociedad.
El desarrollo de la cultura es comunitario y no puede quedar solamente en manos del Estado. Es necesario contar con leyes bien redactadas, responsabilidad concreta y presupuesto que permitan acciones no sólo reactivas o conservadoras, sino que creen las condiciones para impulsar el crecimiento de todas las artes. A su vez, las organizaciones sociales, los gremios de artistas, las comunidades y las instituciones educativas deben brindar perspectivas, críticas y recomendaciones, así como la relación dinámica creador-público y maestro-alumno: en una sociedad que valora la cultura, todos tienen algo que enseñar y aprender.
Un ejemplo de lo que puede lograr la política pública es lo que se hizo y quedó de los festejos del Bicentenario de la independencia del Paraguay: recuperación de casas históricas para sede de actividades y centros culturales, revitalización el casco histórico de Asunción (al menos temporalmente), publicación y difusión de ediciones conmemorativas de textos nacionales, instalación de señales con textos que narran la historia de los lugares a visitar, ferias y conciertos públicos de acceso gratuito… Con un resultado importante: la participación ciudadana. La gente salió a la calle, se integró a las actividades, adquirió libros, piezas de arte, en un ambiente de alegría y tolerancia. A menor escala, las políticas públicas deben generar un estado permanente de interacción, conciencia de las identidades y celebración de una vida mejor.
Es la vida que busca la ciudadanía. Basta con observar la asistencia a los conciertos gratuitos de las orquestas nacionales o municipales. También a los festivales regionales y a los organizados en fechas conmemorativas (como el día de la primavera o la juventud), la proyección de películas en espacios públicos, los festivales culinarios de culturas migrantes, las noches de museos y bibliotecas, etc.
Aunque no haya político, candidato o documento que descarte la importancia de la cultura, en el proselitismo actual se encuentra ausente. Si no se reconoce públicamente la existencia de un problema, ¿hay esperanza de que tenga una solución? El Paraguay puede ser un país de buenos lectores, creadores y críticos, conscientes del valor de su acervo cultural e identidad. La promoción de la lectura, la creación y el cuidado de espacios públicos, las políticas de apoyo a los artistas y una fluida interacción con la comunidad son algunas acciones que precisan ser propuestas, visibilizadas y debatidas. Tanto quienes afirman que estaremos mejor como los que prometen el cambio deben generar las condiciones para que los paraguayos seamos protagonistas de nuestro destino común. El horizonte debe ser el mejoramiento de las condiciones de vida, basada en el conocimiento y la conciencia de una comunidad solidaria.
Una celebración del bicentenario del Paraguay, en 2011. Fotografía: archivo de Última Hora.
[1] Política y políticas públicas de Eugenio Lahera P. División de Desarrollo Social de la CEPAL, Santiago de Chile, agosto de 2004.
[2] «La política y su trasfondo. El poder real en Paraguay» de Tomás Palau. Pensar las ciencias sociales en Paraguay. Quehaceres de la sociología, historia y ciencia Política. Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (Ceaduc), 2021.
[3] «Promedio de estudio de los jóvenes en Paraguay no llega ni a 10 años».
[4] Cartas a mi hermano de Gabriel Casaccia. Criterio Ediciones.
[5] Ley N° 3.051: Nacional de Cultura.
[6] David Simon on why he created The Wire.
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